Actualmente, la estrategia se desarrolla en el marco de la Agenda Digital 2020, con 66% de avance. Expertos delinean los desafíos para modernizar el aparato estatal.
A quién no le ha tocado hacer una fila para realizar un trámite en un organismo estatal? Largas esperas, cansancio y al final, enojo es lo que muchos chilenos acumulan cuando, de manera presencial, el sistema de trámites no funciona adecuadamente.
Por ello, ha sido fundamental el proceso de transformación digital del Estado, que ha permitido que muchos servicios hayan migrado a soluciones online, lo que -en la práctica- permite ahorros, tanto para el Estado como para los ciudadanos.
En efecto, desde la Unidad de Modernización y Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia señalan que la digitalización de trámites se traduce para el país en 4,8 millones de horas ciudadanas ahorradas; se han evitado 6,9 millones de viajes, y se han ahorrado US$ 52 millones.
Transformación
Juan Cristóbal Palma, jefe de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, explica que «la eficiencia, la transparencia y la probidad son elementos fundamentales de la gestión pública y, como tal, objetivos estratégicos promovidos por el Gobierno Digital».
Es que, a través de los procesos de modernización digital, se adoptan nuevas y mejores herramientas para la innovación y promoción de los servicios públicos, orientándolos a los resultados, al accountabiiity por parte de las autoridades públicas y al fortalecimiento de la estabilidad institucional.
En este sentido, precisa que a medida que el Estado avanza en su madurez digital «disminuyen las brechas existentes en la relación ciudadano-Estado, facilitando su acceso a la información y beneficios, mejorando cualitativamente la calidad de vida de las personas y, muy importante, aumentando los estándares de transparencia institucional».
Desde la Fundación País Digital, su gerente general, Juan Luis Núñez, advierte que la transformación digital del Estado va más allá de tener disponibles los trámites por internet, ya que también significa modificar los procesos internos de las instituciones públicas.
«Es indispensable que el sector público sea consciente de los beneficios que puede representar la transformación digital, incluyendo la reducción de costos, tanto para la institución como para el usuario, la sustitución de labores rutinarias, la innovación en los procesos productivos, una mayor rapidez y eficiencia en los procesos internos y la entrega de una respuesta más eficaz a las personas. Es necesario que las instituciones de gobierno no se queden atrás en este proceso», asevera.
Es que, según la tercera versión del Indice País Digital, Chile tiene 21 meses de atraso para alcanzar la meta de contar con el 100% de los trámites digitales al 2020, de acuerdo con la propuesta de la Fundación País Digital.
En este sentido, los ministerios con mayores niveles de digitalización son Medio Ambiente (84% de trámites online), Cultura (78%), Hacienda (66%) y Minería (62%) y Economía (61%).
En contraparte, las carteras menos digitalizadas son Transportes y Telecomunicaciones (31%) y Bienes Nacionales con tan solo 23% de sus trámites online.
Para Katherine Villarroel, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), la transformación digital del Estado debe ser entendida como la oportunidad para hacerse cargo del impacto del avance científico y tecnológico en diversas dimensiones de la vida.
«Se trata de avanzar desde un Estado proveedor a uno relacional. Y lo digital, puede ser un poderoso aliado», afirma.
Jaime Soto, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), en tanto, plantea que «la tarea es lograr un Estado más simple y eficiente respecto de la digitalización de procesos, siendo uno de los pilares de modernización el desarrollo de un gobierno electrónico que se ha traducido en la incorporación de las tecnologías de la información en pro de la modernización de la gestión interna y también la interacción con los proveedores y los ciudadanos».
Agenda Digital 2020
En noviembre de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet lanzó la Agenda Digital 2020, política gubernamental para avanzar en la modernización electrónica del Estado.
«Con esta agenda al 2020, Chile masificará el uso de las tecnologías para reducir las desigualdades, abrir más y mejores oportunidades, y contribuir a la transparencia de los asuntos públicos», declaró la Mandataria en la presentación de las 63 medidas, distribuidas en cinco ejes: derechos para el desarrollo digital, conectividad digital, gobierno digital, economía digital y competencias digitales.
En el eje gobierno digital, hay un avance del 66%, donde de un total de 18 medidas, 2 están cumplidas y 16 en proceso.
Algunos ejemplos: la medida 21 corresponde a Municipios Digitales, que tiene 66% de avance y tiene como meta «disponibilizar en línea los 150 trámites municipales más demandados y que al menos 20 de ellos sean adoptados por los municipios y usados por la ciudadanía».
La medida 22 es ChileAtiende Digital, con 46% de cumplimiento y que tiene como objetivo «disminuir en 7,2 millones el número de interacciones presenciales de los ciudadanos con el Estado para fines de 2018».
La medida 23, en tanto, es la Masificación de la clave única personal, que —con 88% cumplido— se propone «aumentar a 1.600.000 los ciudadanos con Clave Unica activa. Difundir y masificar el uso de clave única como sistema de autenticación digital en la población».
«La madurez digital es un desafío-país permanente que requiere acuerdos transversales a largo plazo. Lo contrario impedirá convertirnos en un actor relevante y competitivo en un mundo cada vez más digital», advierte Juan Cristóbal Palma.
Lo pendiente
La secretaria ejecutiva del CNID apunta a dos aspectos: un Estado que comprende y se anticipe, destinando un porcentaje obligatorio de los presupuestos de los ministerios a programas de investigación, desarrollo e innovación, y en segundo lugar instalar banda ancha desde Visviri a Cabo de Hornos, promoviendo una amplia digitalización de los servicios que realiza el Estado, de forma que se generen condiciones de infraestructura digital que permita el intenso despliegue de las redes y su aprovechamiento por parte de las pymes y los ciudadanos. Jaime Soto, a su turno, asegura que «Chile se está quedando atrás. Como industria necesitamos que el Estado comprenda que la visión de transformación digital implica rediseñar los servicios públicos de cara al ciudadano, con mayor eficiencia, portabilidad, seguridad, interoperatibilidad y simplicidad».
Para el gerente general de Fundación País Digital, en tanto, el primer desafío es que «el sector público trabaje en generar los mecanismos que den confianza a los usuarios, para que estos usen internet como una herramienta válida para acceder a aquellos documentos en los cuales no se requiere de una participación presencial».
luego se debe avanzar en «reforzar permanentemente en la ciudadanía los beneficios que representa la realización de trámites online, tanto para las personas como para la institución respectiva».
Una última tarea dice relación con «acelerar el paso en la transformación digital del Estado. La tecnología hoy existe, por lo que debe ser una prioridad política, tanto la transformación de los procesos internos de cada institución estatal como la interacción con las personas. Las largas filas en las oficinas públicas debieran ir desapareciendo rápidamente».
Desde la Unidad de Modemización y Gobierno Digital, Juan Cristóbal Palma explica que «el gran desafío que estamos abordando es la elaboración de una Gobernanza Digital que permita contar con una institución responsable del gobierno digital para direccionar las decisiones en materia de inversión y desarrollo de las iniciativas en TICS y coordinar a los distintos actores para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno en esta materia».