La digitalización del Estado avanza, pero con lentitud

Incrementar la productividad, la participación y los beneficios a los ciudadanos son algunos de los factores que están moviendo a los gobiernos a la digitalización. Y aunque Chile tiene buenos ejemplos, todavía queda por un largo camino por avanzar.
En el último informe de E-Government dado a conocer por las Naciones Unidas, que evalúa aspectos como la infraestructura de banda ancha, el capital humano y los servicios que el Estado entrega a los ciudadanos, el país se ubicó en el lugar 42 entre 193 naciones, con mejor calificación por encima del promedio regional. Aunque podría parecer un puesto destacado, el trasfondo indica que Chile ha experimentado una baja sostenida en la materia: en 2014, ocupaba la casilla 33 y la puntuación lo posiciona por debajo de los países avanzados o líderes.
“Hay países que han avanzado de forma más acelerada que Chile”, dice el oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Sebastián Rovira. Esto se mezcla con que, a juicio del investigador del Centro de Sistemas Públicos (CSP) de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Alejandro Barros, el país ha ido perdiendo el impulso modernizador que tenía a fines de los años 90 y comienzos de los 2000.
Lo cierto es que “el proceso de incorporación de la transformación digital en el sector público no ha sido con la rapidez que esperamos desde las empresas de tecnología, ni al mismo ritmo que la empresa privada”, advierte Guillermo Morales-director de Ventas de Sector Público de Oracle Chile, lo que se debe, a su juicio, a restricciones presupuestarias y procedimientos burocráticos.
Sin embargo, recuerda Morales, en los últimos años los distintos gobiernos han impulsado iniciativas para agilizar este proceso. “A mediados del 2018 el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley para reducir la carga de trámites administrativos e impulsar el uso de documentos digitales y presentó el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, por lo que vemos que el tema es prioritario para el gobierno”, señala.
Sin embargo, para el presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) Raúl Ciudad, no están claras las posibilidades de que esto ocurra durante el ejercicio de este gobierno. “Hay una probabilidad que se logre hacer, pero dependerá mucho de la presión que ponga Segpres, que es quien lidera esta tarea. Y es que ya sabemos que mientras no haya una ley de Transformación Digital del Estado será difícil avanzar rápido”, asegura.
Los caminos
Para Rovira, es importante que Chile refuerce las acciones que necesita llevar adelante para desarrollar de mejor manera el gobierno digital. En ese sentido, afirma, la estrategia actual del Plan Gobierno Digital 2018-2022 busca asentar bases que son importantes para que el Estado empiece a reducir la burocracia y sea más ágil y facilitador, respondiendo de manera más adecuada a las demandas.
“Los principales ejes que han movido este desarrollo son el del incremento de la productividad y eficiencia y el del acercamiento al ciudadano, brindándole un mayor número de alternativas y canales de relación con las administraciones públicas y mejorando de manera significativa la experiencia del ciudadano”, detalla el director ejecutivo de Servicios de Consultoría de EY Chile, Pablo Arnuncio.
Estas estrategias han permitido, por ejemplo, que en Chile sea posible realizar el proceso de Declaración de Renta de manera online o que exista un alto número de trámites de manera centralizada a través de las oficinas de ChileAtiende.
Con todo, el sector público chileno muestra diversos grados de madurez en su transformación digital, advierte Alberto Mordojovich, gerente general de Redvoiss.
“Hay un servicio ejemplo mundial, el SII, y otros que apenas se inician en este proceso: seguridad pública, salud y educación, por ejemplo”, agrega, y critica que “no existen estándares técnicos fundamentales, ni tampoco organismos estatales a cargo de procesos o datos. Tampoco el Estado chileno ha aprovechado su tamaño para acceder a las economías de escala, de red o de ámbito que le permitiría mejorar cuantitativamente el rendimiento de sus presupuestos”, sostiene.
Los desafíos para el Estado no son menores. Morales indica que estos apuntan, por ejemplo, a que las instituciones tienen distintos presupuestos y administración, lo que afecta la interoperabilidad y la capacidad de integrar sistemas. “Por otro lado, al ser proyectos públicos los procesos de adjudicación de éstos son complejos, hay tiempos y presupuestos muy estrictos y en la práctica la implementación de proyectos tecnológicos requieren cierta flexibilidad”. A esto, suma el tema cultural y la continuidad operativa en la fase de implementación.
Sin embargo, los beneficios de un Estado digital son claros y, de acuerdo a los expertos, mientras antes ocurra el proceso el país y, en particular, los ciudadanos obtendrán mayores beneficios. Algunos de ellos son la eliminación de la burocracia, el manejo de cumplimientos y normativas, explica Cristián López, gerente de nuevos productos In Motion.
“La ciudadanía demanda una mayor interacción con el Estado. Esto requiere una mayor eficiencia en la provisión de servicios, así como una mayor transparencia en generar las oportunidades de una participación más activa en su gestión”, concluye Rovira. (Fuente: Diario Financiero)
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