Señor director:
El jueves pasado la Presidenta Michelle Bachelet firmó la nueva «Política Nacional de Ciberseguridad», hoja de ruta que contempla medidas que se implementarán este año y en 2018, con aspectos a los que el gobierno entrante deberá dar continuidad; una política que debe quedar absolutamente implementada en 2022.
Celebramos este paso que busca educar a las personas acerca del uso de la web y sus riesgos, que el país cuente con una infraestructura de la información robusta para resistir incidentes de ciberseguridad y que se cuente con equipos de respuesta a estos incidentes.
Concordamos que dentro del paquete de medidas a implementar en el corto plazo se contemple tramitar una nueva ley de datos personales, actualizar la normativa sobre delitos informáticos y adherir al Convenio de Budapest. Chile ostenta la mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de 70% de su población conectada, y la economía digital nacional creció en torno al 11% entre 2014 y 2015, pasando de más de US$ 34 mil millones a US$ 39 mil millones.
En contraste, Chile aún se encuentra lejos de países como Estados Unidos, Israel o Estonia, en los que el nivel de protección es prioritario para sus gobiernos. Resguardarnos del cibercrimen es tarea de todos los sectores: público, privado y Estado. El país necesita una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática. El Estado debe entender que los chilenos necesitamos mantener nuestra ciberprivacidad. Eso es un buen paso inicial, pero debemos ir por más.
Jaime Soto Muñoz Secretario general Acti
