Los avances de la tecnología y la creciente disponibilidad de internet han modificado, indiscutiblemente, la forma en que nos relacionamos con ella, y esto supone cambios desde su usabilidad hasta consecuencias directas que afectan a las personas, como la vulnerabilidad y transgresión de los datos personales. Hace ya casi 17 años que en nuestro país se aprobó una ley que resguarda los datos de las personas. Lo anterior, cuando la irrupción de internet no era tan fuerte como la vivimos actualmente. Hoy el panorama es totalmente distinto y las autoridades no han querido ver el escenario al cual nos enfrentamos.
A principios de 2016, un grupo de senadores enviaron una propuesta a la presidenta donde solicitaban enviar un proyecto de ley al Congreso que aumentara el nivel de protección de datos personales en Chile, a propósito de que la actual legislación se encuentra obsoleta en el sentido que no ha tenido en cuenta todos los entornos de la sociedad de la información, de internet, de la economía digital y que, adicionalmente, debería contemplar una autoridad o un órgano garante que tenga una autonomía para aplicarla. Sin embargo, las mociones y los parches que le puedan poner para mejorar, no son suficientes. Los tiempos han cambiado y esta ley tiene que volver a ser pensada de acuerdo a la actualidad.
Nuestra actual Ley de Datos Personales solo recoge los principios básicos generales y tradicionales de la protección de datos y es algo que el gobierno debe comprender y darle prioridad, puesto que el retraso del envío del proyecto supone incumplir acuerdos de la OCDE, significando que Chile se convierta en un país atrasado en esta materia, no seguro como proveedor de servicios TI que impliquen administrar datos personales, desventajas de competitividad, solo por mencionar algunos aspectos. Por esto, es imperioso que nuestras autoridades comprendan el valor de impulsar una nueva ley y que ésta se traduzca en una real necesidad dentro del gobierno digital, que sea parte integrante de todas las tareas que se deben realizar y todos los derechos que se deben garantizar para proteger correctamente los derechos de las personas desde la perspectiva de su privacidad.
Necesitamos una norma que garantice los principios de protección de datos, acorde a los tiempos y necesidades de la sociedad, acompañada de un marco jurídico que consagre los derechos de las personas a ser dueños de sus datos, que a su vez proteja la vida privada y los mantenga bajo un tratamiento correcto en base a estándares mundiales, como los de la Unión Europea. Tanto ciudadanos como organizaciones y gobierno, debemos comprender el valor que aporta esta ley no sólo desde la arista económica o de cumplimiento de estándares internacionales, sino también desde el punto del derecho que tenemos todos de que nuestra privacidad sea amparada y protegida. Punto aparte es el gobierno que debe vislumbrar ser objetivo y entender que una ley nunca cumplirá su financiad si pretende ser parchada por medio de continuas reformas. Se requiere de una revisión total, avanzando en la instauración de una institucionalidad que proteja y promueva los desafíos presentes y futuros.
Recuadro :Necesitamos una norma que garantice los principios de protección, acorde a los tiempos y necesidades de la sociedad.
Por Jaime Soto SECRETARIO GENERAL ACTI
