Un Estado aumentado por Inteligencia Artificial
La tercera edición del seminario “Un Estado Digital: Acelerando el valor público para Chile”, que reunió a más de 600 asistentes, fue organizado por la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), CHILETEC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El encuentro, con foco en la interoperabilidad, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la confianza digital como pilares de un Estado más eficiente y centrado en las personas, contó además con una sesión de Inteligencia Artificial en el Estado moderada por Thierry de Saint Pierre, presidente de la mesa de IA de ACTI, con quien conversamos para profundizar en este tema.
“La inteligencia artificial en el sector público no debe entenderse solo como una herramienta para automatizar tareas, digitalizar documentos o simplificar trámites mediante plataformas como la clave única. Más bien, representa una nueva arquitectura para el Estado, una forma distinta de concebir su funcionamiento y sus servicios. En este enfoque integral, los datos, los algoritmos y la gobernanza constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen sistemas de gobierno verdaderamente inteligentes”, explicó Thierry de Saint Pierre.
¿Cuáles serán los desafíos para el Estado en cuanto a la incorporación de la IA?
En Chile y en el resto del mundo, los gobiernos han comenzado a incorporar la IA en una amplia gama de procesos administrativos, por ejemplo, en la optimización de trámites mediante chatbots, la personalización de servicios de salud a través de la gestión de listas de espera y la entrega de beneficios sociales.
Sin embargo, la adopción de inteligencia artificial en el Estado enfrenta múltiples brechas y desafíos que van más allá de lo técnico. Persisten limitaciones derivadas de sistemas legados, baja interoperabilidad e infraestructuras insuficientes. A ello se suman riesgos asociados a sesgos en los datos y a la falta de comprensión de los algoritmos, lo que genera preocupación respecto a la transparencia y trazabilidad de las decisiones automatizadas. También existe el peligro del uso inadecuado de información sensible, como datos biométricos o georreferenciados, sin las debidas protecciones.
Pese a estas dificultades, el horizonte hacia el cual nos dirigimos es el de un Estado aumentado por la inteligencia artificial. La IA puede liberar tiempo y recursos para que los servidores públicos se concentren en diseñar políticas más estratégicas, oportunas y centradas en las necesidades reales de los ciudadanos.
¿Cómo se logra un Estado aumentado por la IA?
Para que este Estado aumentado funcione de manera efectiva, es esencial construir una arquitectura digital interoperable, donde la información no esté encerrada en silos, sino conectada por diseño mediante estándares abiertos. Se requiere además una gobernanza algorítmica transparente, que contemple registros públicos de los algoritmos utilizados por el Estado y mecanismos de auditoría ciudadana para evaluar su eficacia y pertinencia.
¿Qué rol tienen las personas en este proceso?
La supervisión por control humano sigue siendo indispensable. Ninguna decisión crítica que afecte derechos ciudadanos debe quedar completamente automatizada. Los funcionarios deben actuar como garantes éticos, asegurando que los algoritmos respeten los marcos jurídicos y normativos aplicables. Al mismo tiempo, resulta vital consolidar marcos legales que protejan la privacidad, la trazabilidad y la soberanía de los datos, especialmente en los intercambios internacionales, los cuales deben regirse por principios éticos y de respeto mutuo entre naciones.
Asimismo, la inteligencia artificial pública debe ser ética, inclusiva y justa. Esto exige evaluaciones sistemáticas de impacto social y de sesgo antes de implementar nuevos modelos que afecten a las personas.
Finalmente, la sostenibilidad de esta transformación depende de la formación continua de los funcionarios públicos. Es necesario fortalecer sus competencias digitales, su conocimiento en análisis de datos y su comprensión de los principios éticos que orientan el uso responsable de la IA.